Proponen crear la Dirección Nacional de Juegos de Azar ante el avance de apuestas clandestinas y un limitado control

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar) y establece un nuevo régimen jurídico para el sector. La iniciativa busca dotar al organismo de autonomía funcional y autarquía presupuestaria, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y de fiscalización.

Actualmente, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) depende de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en el marco de la Ley 7.438/2025. El proyecto plantea reemplazar esta estructura por una institución especializada y derogar el marco legal vigente para establecer nuevas disposiciones sobre la regulación y el control de los juegos de azar.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado analiza la propuesta. Durante el estudio, el senador Luis Pettengill señaló que la Conajzar cuenta con apenas 12 funcionarios para controlar el sector en todo el país. Según explicó, las limitaciones administrativas y presupuestarias dificultan ampliar la fiscalización y actuar frente a quienes incumplen la normativa.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la actualización de la Ley 1016/1997, que regula la explotación de los juegos de azar. Pettengill sostuvo que los avances tecnológicos modificaron la forma en que opera este mercado y facilitaron la expansión de actividades clandestinas, especialmente a través de internet. Ante esta situación, el proyecto contempla fortalecer los mecanismos de monitoreo digital y las facultades de control del organismo.

La propuesta también busca reforzar las herramientas de fiscalización, intervención y sanción frente a operadores que ofrecen apuestas sin autorización y evaden el pago de los cánones correspondientes al Estado. De esta manera, se pretende mejorar el control sobre quienes operan legalmente y detectar las actividades que funcionan al margen de la regulación.

En el ámbito digital, uno de los aspectos contemplados es el seguimiento de las plataformas de apuestas y de las actividades vinculadas a su promoción. El proyecto plantea la creación de un registro nacional para las personas y empresas que promocionen juegos de azar, así como para quienes desarrollen o provean instrumentos y servicios destinados a su explotación. El alcance de estas obligaciones deberá ajustarse a lo establecido en el texto de la iniciativa.

La publicidad de rifas clandestinas por parte de creadores de contenido o influencers también fue señalada como una preocupación por las autoridades. Carlos Liseras, presidente de la Conajzar, cuestionó la promoción de estas actividades sin controles adecuados sobre la participación de menores de edad. La propuesta busca establecer mecanismos que permitan identificar a los actores involucrados y aplicar las sanciones correspondientes cuando se comprueben infracciones.

Por otra parte, el proyecto prevé la creación de un Departamento de Lucha contra la Ludopatía y el Juego Responsable, con el propósito de fortalecer la prevención de la adicción al juego y la protección de los menores frente a los riesgos asociados a las apuestas.

¿A dónde van los recursos?

Los cánones generados por la explotación de juegos de azar se distribuyen entre distintas instituciones y entidades públicas, conforme a los porcentajes y destinos establecidos en la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encuentran la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), las gobernaciones, los municipios y el Tesoro Público, además de otros destinos previstos legalmente.

Según el informe financiero de la Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante 2025 las transferencias acumuladas provenientes de la Conajzar alcanzaron aproximadamente G. 198.390 millones.