Justicia de Papel: El formalismo al servicio de la mora judicial

En nuestro país la justicia no llega tarde: en la práctica, para miles de personas, simplemente no llega. La mora judicial, no constituye un desperfecto administrativo que se arregla con más funcionarios y más computadoras. Es un cáncer que devora la tutela judicial efectiva y convierte a los juzgados en cementerios de expedientes, donde la dignidad del ciudadano muere esperando una firma que nunca llega. Sin poder atribuirle toda esta responsabilidad a una negligencia del funcionario o del magistrado que se ven atrapados en un cúmulo de presentaciones que deben revisar y procesarlas con un tiempo mínimo de análisis, con lo cual, terminan siendo prisioneros de un sistema perverso. Pero que sin lugar dudas, todo esto se erige como caldo de cultivo permanente generador de corrupción.

Hace miles de años se le atribuye a Séneca una frase que parece retumbar en nuestros juzgados: “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” si bien circula hace tiempo en diversos foros del mundo hispano, la tradición popular y jurídica se la adjudica, retratando ciertamente con precisión lo que pasa con un expediente en nuestros tribunales.

Un sistema timorato y reacio a la oralidad, donde se manifiesta un escandaloso problema de fondo y se describe técnicamente muy fácil: nuestro proceso civil sigue anclado en un formalismo escrito que la propia doctrina procesal describe, sin eufemismos, como burocrático, desconcentrado y estructuralmente incapaz de garantizar una justicia rápida. Dejando caer por tierra principios procesales de los que nos vemos urgidos como la inmediación, concentración y, por ende, la celeridad que exige cualquier sistema de justicia serio.

Sin lugar a duda, hoy día la Corte Suprema de Justicia puede exhibir con orgullo la expansión del Expediente Judicial Electrónico a cientos de despachos y circunscripciones judiciales, eso más la digitalización de trámites administrativos, son logros reales que dan agilidad a la hora de gestionar el proceso. Pero cambiar el papel por una pantalla no cambia la lógica del proceso. El juez sigue escondido, ahora detrás de un PDF en lugar de un legajo, delegando la tramitación y distante del contacto directo con la verdad del conflicto. Entonces, es válido preguntarse ¿el expediente electrónico salvó algo? Y la respuesta inequívoca es: No, en lo que importa. Digitalizar el expediente sin oralizar el proceso en lo más mínimo es solamente maquillar el cadáver.

La polémica se hace inevitable: ¿Por qué, si desde el 2004 existe un proyecto de Código Procesal General que propone un modelo mixto por audiencias en varios fueros, seguimos atrapados en la escritura? La respuesta es incómoda, pero el sistema escrito es el refugio de la mediocridad y del “litigio por el litigio mismo” judicializando todo y por todo. Siendo la lealtad procesal una utopía y la mora un negocio para quienes viven de postergar lo inevitable.

Lo contrario, como la implementación de herramientas procesales como ser la introducción de audiencias “saneadoras” basadas en la oralidad, donde se busque un advenimiento entre las partes pudiendo llegar a una resolución del conflicto, derivar el caso a una instancia de mediación en los casos donde esto sea posible, que el justiciable tenga la oportunidad de ser oído y que el mismo Juez sea obligado a ser director activo del proceso y no un espectador de lujo. No se trata simplemente de un cambio de trámite sino de un cambio de paradigmas donde el juez y las partes se pueden mirar a las caras y lejos de perpetuar el litigio, busquen conciliar posiciones o al menos definan que es lo que realmente se va a discutir, optimizando el proceso y evitando dilatarlo en el tiempo.

Mientras tanto países como Uruguay y Argentina ya han demostrado con datos empíricos que la oralidad aumenta la satisfacción del usuario y reduce los plazos para llegar a instancias resolutorias. Mientras tanto en nuestro país seguimos discutiendo la viabilidad de lo evidente, so pretexto de una perdida de objetividad del Juez al tomar contacto con las partes. La realidad, sin embargo, es contundente siendo que diferentes organizamos internacionales han aplazado sostenidamente la seguridad jurídica en nuestro país, la mora judicial siendo un problema endémico y el usuario de justicia es lapidario al señalar por todos los medios que “en Paraguay no hay justicia”

La situación es clara y requiere tomar medidas, seguir defendiendo un proceso escrito tal como está no es defender el derecho, es ser cómplice de un sistema, con la careta de la legalidad, le niega sistemáticamente justicia a su gente. La evidencia comparada no deja dudas, Uruguay lo hizo hace 35 años, Argentina lo hizo modificando un par de artículos de sus leyes, mientras tanto en Paraguay desde el 2004 se encuentra sepultado el último esfuerzo real por un cambio de paradigmas en nuestro proceso.

La dignidad de la gente no puede seguir archivada en un expediente que espera una justicia que nunca llega. Es hora de retomar el debate, suprimir tanta burocracia y que los jueces salgan de sus despachos -físicos o digitales- a impartir justicia de frente a la ciudadanía.