Ley de Seguros avanza con cambios reclamados por el sector, pero las multas mantienen abierto el debate

El proyecto de nueva Ley de Seguros llega a la Cámara de Diputados con una parte importante de las objeciones planteadas inicialmente por el sector asegurador incorporadas al texto aprobado por el Senado. Sin embargo, todavía queda abierto un punto que las compañías consideran relevante: la magnitud de las multas que podrá imponer el regulador y su proporcionalidad respecto al tamaño del mercado.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo para sustituir a la Ley N.º 827/96, vigente desde hace casi tres décadas, había generado inicialmente un fuerte cuestionamiento de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS).

Sebastián Villarejo, asesor ejecutivo del gremio, explicó a Agenda Legal que las compañías habían participado durante aproximadamente dos años de un proceso de diálogo con la Superintendencia de Seguros y el Banco Central del Paraguay (BCP) para trabajar en la actualización de la normativa.

Sin embargo, según señaló, el proyecto finalmente presentado al Congreso contenía diferencias respecto del documento trabajado con el sector, situación que llevó a la APCS a manifestar públicamente su rechazo.

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A partir de allí se abrió una nueva instancia de diálogo que involucró al BCP, la Superintendencia de Seguros, la asesoría jurídica de la Presidencia de la República y las comisiones del Senado. Para el gremio, este proceso permitió introducir modificaciones relevantes antes de la aprobación del proyecto en la Cámara Alta.

“En el Senado se lograron importantes adecuaciones que fueron trabajadas en conjunto con el ente regulador y con las comisiones del Senado. Estas adecuaciones han logrado cambios necesarios dentro del proyecto”, afirmó Villarejo.

La caución se mantiene

Uno de los principales cambios se produjo en el artículo 10 y afecta directamente al tratamiento de las garantías.

El proyecto había sido cuestionado por el sector debido a la regulación de la fianza y sus posibles efectos sobre las pólizas de caución, un instrumento utilizado desde hace años en el mercado asegurador paraguayo.

Villarejo explicó que el problema no consistía exactamente en una equiparación entre ambas figuras, sino en que la redacción original prácticamente eliminaba la posibilidad de operar mediante cauciones, dejando a la fianza como figura predominante.

La versión aprobada por el Senado modificó ese escenario. Si bien establece y ordena el régimen correspondiente a la fianza, mantiene la posibilidad de utilizar otros tipos de garantías, preservando así el espacio para las garantías de caución.

Este había sido uno de los puntos de mayor preocupación para las compañías desde que el proyecto ingresó al Congreso.

Cambios en las faltas y los criterios para sancionar

Un segundo grupo de modificaciones afecta al régimen de faltas y sanciones. De acuerdo con Villarejo, durante el tratamiento en el Senado se mejoró la redacción de algunas de las conductas consideradas faltas leves y graves, uno de los aspectos sobre los cuales el sector había advertido por el margen de interpretación que podía generar la propuesta inicial.

También hubo cambios en el artículo 143, que establece los elementos que deberán ser considerados al momento de determinar las sanciones.

Para la APCS, la incorporación de parámetros relacionados con la gravedad del hecho y sus efectos constituye un avance porque permite establecer criterios para graduar la respuesta del regulador frente a un incumplimiento.

Así, Villarejo identificó tres modificaciones sustanciales alcanzadas durante el tratamiento en la Cámara Alta: el régimen de fianza y otras garantías, la regulación de las faltas y los criterios que deberán considerarse para determinar las sanciones.

No todos los planteamientos del sector, sin embargo, fueron incorporados. Uno de ellos es el capital mínimo exigido a las compañías, que no fue modificado.

El representante de la APCS reconoció que existen otros aspectos de la iniciativa sobre los cuales el gremio mantiene una mirada diferente, aunque consideró natural que existan posiciones distintas entre los actores involucrados en una reforma de esta magnitud.

“Creemos que el trabajo realizado en el Senado dio pasos importantes hacia tener un escenario más adecuado”, sostuvo.

Las multas, el debate que llega a Diputados

Pese a los cambios introducidos, el régimen sancionatorio continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para las compañías.

Según explicó Villarejo, la normativa vigente contempla multas que pueden alcanzar hasta 1.000 jornales, mientras que el nuevo proyecto establece sanciones cuyo máximo puede llegar a 5.000 salarios mínimos.

El cuestionamiento del sector se concentra particularmente en la proporcionalidad de esos montos.

Villarejo señaló que uno de los argumentos utilizados para la actualización del régimen es acercarlo al esquema aplicado al sistema bancario. La APCS considera, sin embargo, que una eventual equiparación no debería hacerse simplemente mediante valores numéricos similares, debido a las diferencias existentes entre ambos mercados.

“El BCP quiere equiparar, pero las proporciones no son las mismas. La equiparación debe ser proporcional y no numérica, pues son mercados distintos y la afectación es distinta”, afirmó.

El argumento del gremio es que las entidades bancarias manejan niveles de activos y disponibilidades sustancialmente superiores a los de las compañías aseguradoras, por lo que una misma magnitud de sanción puede tener impactos muy diferentes dependiendo del mercado en el que sea aplicada.

Para la APCS, por tanto, la discusión pendiente en Diputados debería centrarse en los máximos previstos por la ley y en la posibilidad de establecer una relación más proporcional con la dimensión económica del sector asegurador.

Una ley pensada para varias décadas

La preocupación de las compañías no se limita a la cuantía de las sanciones. También alcanza al margen de discrecionalidad que la nueva legislación dejará en manos del regulador.

Villarejo señaló que la discusión debe trascender la confianza que actualmente pueda existir en las autoridades encargadas de supervisar el mercado, considerando que la normativa está diseñada para permanecer vigente durante varias décadas.

“Hoy el regulador es serio, pero la ley es para toda la vida, tiene que durar 30 años como la actual”, expresó.

A su criterio, precisamente porque la legislación podría permanecer vigente durante 30 o 40 años, los márgenes de actuación del regulador deben encontrarse suficientemente delimitados por la propia norma.

“Al margen de la confianza que hoy se pueda tener sobre el ente regulador, la ley tiene que durar por 30 o 40 años, entonces el margen de discrecionalidad tiene que estar delimitado”, agregó.

Para el gremio, los cambios introducidos por el Senado en los parámetros para determinar las sanciones constituyen un avance en esa dirección. La discusión que queda pendiente se concentra ahora principalmente en la cuantía máxima de las multas.

Con la media sanción de la Cámara Alta, el proyecto pasa a Diputados, donde se abre una nueva instancia para revisar el texto. La APCS espera que se mantengan las adecuaciones alcanzadas en el Senado y que el debate permita analizar los últimos puntos pendientes, especialmente la proporcionalidad del régimen sancionatorio.

Después de un proceso que comenzó con un fuerte rechazo del sector al texto presentado originalmente, la discusión entra así en una nueva etapa: las diferencias se redujeron, pero el alcance económico de las facultades sancionatorias del regulador continúa siendo uno de los puntos centrales antes de la eventual aprobación de la nueva legislación.