Juegos de azar no autorizados: así funciona el esquema que puede llevar a las víctimas a perder millones

Los juegos de azar no autorizados no solo pueden implicar una actividad ilegal, sino también convertirse en una vía para estafar a personas que creen estar participando de un juego con posibilidades reales de ganar.

El Ministerio Público está investigando una causa en Mariano Roque Alonso, que tiene que ver con un esquema en el que las víctimas son atraídas con jugadas aparentemente sencillas y ofreciendo premios que aumentan de manera rápida con la promesa de recibir sumas millonarias si continúan apostando.

El fiscal de Delitos Económicos Itálico Rienzi confirmó a Agenda Legal que existen varias denuncias vinculadas con este tipo de hechos y que incluso se manejan reportes de otros casos similares en zonas aledañas. La investigación sigue abierta y todavía no cuenta con imputados, debido a que la Fiscalía aguarda informes bancarios solicitados dentro de la causa.

Según Rienzi, algunos pedidos de información llevan casi un año sin respuesta y deben ser reiterados. El perjuicio económico todavía no fue determinado en su totalidad.

El agente señaló que, solamente en una de las denuncias que tiene a su cargo, la víctima habría perdido más de G. 50 millones. También mencionó que se maneja un perjuicio aproximado de G. 165 millones, aunque el monto podría aumentar a medida que avancen las investigaciones y se incorporen nuevas denuncias.

Modus operandi

El mecanismo comienza como un juego de feria. Según detalló el fiscal, se utilizan tableros con numerosos agujeros o dispositivos que giran, sobre los cuales el participante debe lanzar pelotitas o dardos. Cada jugada permite acumular una determinada cantidad de puntos, que luego son presentados como parte del supuesto sistema para alcanzar un premio.

La trampa está en que los tableros estarían preparados para dificultar que el jugador alcance la puntuación necesaria para obtener el premio mayor. La víctima, sin embargo, no recibe esa información y continúa jugando porque durante las primeras rondas los operadores pueden hacerle creer que está obteniendo buenos resultados.

El siguiente paso es aumentar la apuesta. Los responsables pueden ofrecer jugadas gratuitas y comunicar al participante que ya acumuló una determinada cantidad de puntos. Luego aparece una nueva oportunidad, por ejemplo, pagar G. 20.000 para intentar obtener un premio de G. 1 millón. Si el jugador acepta, posteriormente puede aparecer un supuesto “gol de oro” o una posibilidad de duplicar el premio a cambio de una nueva suma.

De esa manera el monto exigido aumenta mientras también crece el supuesto premio. La persona continúa colocando dinero porque considera que ya realizó una inversión y que retirarse significaría perder lo acumulado.

Rienzi expuso que el montaje también se apoya en otras personas que participan del engaño. Pueden colocarse varios juegos juntos y mostrar a otros participantes recibiendo cajas de televisores u otros premios para generar la sensación de que efectivamente existen ganadores. A esto se suma la presión para realizar rápidamente las operaciones y evitar que la víctima pueda verificar el resultado.

Los responsables tampoco permitirían tomar fotografías o grabar el procedimiento. Según el fiscal, incluso las cuentas de los puntos son realizadas rápidamente y, en las primeras jugadas, pueden favorecer al participante para generar entusiasmo y mantenerlo dentro del circuito.

En una de las situaciones investigadas se entregaron facturas y supuestos premios como televisores, hornos, parlantes y consolas, por un valor cercano a G. 200 millones. Este elemento también es observado dentro de la investigación por una posible vinculación con el lavado de dinero.

Estafas y lavado de activos

Cuando una actividad ilícita genera recursos, existe el riesgo de que posteriormente ese dinero sea introducido al circuito formal para darle una apariencia de legalidad. Allí aparece el vínculo con la prevención del lavado de activos.

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, conversó con Agenda Legal y recordó que toda actividad ilícita que produzca beneficios económicos puede representar un riesgo desde la perspectiva del lavado, ya que quienes obtienen esos recursos pueden intentar incorporarlos posteriormente a la economía formal.

En actividades como los juegos de azar no autorizados o determinadas modalidades de estafa, ese riesgo puede aumentar por características como el movimiento frecuente de fondos, el uso de múltiples cuentas o medios de pago, la participación de terceros y los canales digitales, que permiten realizar operaciones con rapidez.

La funcionaria aclaró que identificar un riesgo no significa afirmar que una persona o una operación determinada esté vinculada al lavado. El sistema preventivo funciona mediante la identificación y evaluación de señales que permitan establecer controles y determinar cuándo una situación requiere un análisis más profundo.

“En ese esquema, bancos, financieras y otros sujetos obligados cumplen una función central. Deben conocer a sus clientes, comprender sus actividades y evaluar si las operaciones realizadas son compatibles con el perfil que tienen registrado”, indicó.

Cuando aparece una operación inusual, la entidad debe analizarla de acuerdo con sus procedimientos internos. Si ese análisis encuentra elementos que generan sospecha, corresponde realizar el reporte a la Seprelad conforme a la normativa vigente. Una operación inusual, por sí sola, no equivale automáticamente a lavado de activos.

Según la ministra, la prevención requiere coordinación entre las distintas instituciones que forman parte del sistema, como los sujetos obligados, organismos de supervisión y control y entidades públicas. La Seprelad, como unidad de inteligencia financiera, recibe, procesa y analiza información financiera dentro de las competencias que le asigna la ley.

Finalmente sostuvo que el desafío es que las modalidades delictivas también cambian. El uso de nuevas tecnologías y canales de pago modifica la forma en que pueden movilizarse los recursos, por lo que los controles deben adaptarse a esos nuevos riesgos.