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Sancionan Ley que obliga a devolver pagarés tras cancelación de deudas

El Senado sancionó el proyecto de ley que obliga a devolver los pagarés una vez cancelada la deuda y establece una multa del 20 % de su valor si no se cumple. La iniciativa, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, surge en medio de la investigación de la denominada “Mafia de los Pagarés”.

Sancionan Ley que obliga a devolver pagarés tras cancelación de deudas
Sofía CéspedesSofía CéspedesPERIODISTA13 de septiembre de 2026·

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que establece la devolución de los pagarés una vez cancelada la deuda y dispone un régimen sancionador. La iniciativa fue del Senado, pero fue modificada en la Cámara de Diputados. Ahora se encuentra en manos del Poder Ejecutivo.

Los legisladores explicaron que esta propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica de los deudores. El régimen sancionador estará a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré si no se devuelve el instrumento, “previa denuncia de la persona afectada y sustanciación del procedimiento administrativo “correspondiente.

Además de contar con el documento, este proyecto tiene como fin mejorar la trazabilidad de las operaciones crediticias, ya que una vez que el deudor recupera su pagaré podrá probar materialmente que el instrumento ya no está en circulación

Mafia de pagarés

Este proyecto fue presentado en diciembre de 2025 y se enmarca en la “Mafia de pagarés”, un esquema de estafa sistematizada en el país, que utilizó demandas judiciales ejecutivas con pagarés falsos, reciclados o cancelados para embargar de forma irregular los salarios de las víctimas, mayormente, funcionarios públicos.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que llevó a juicio el caso, registra un total de 17.000 personas afectadas por este esquema con un perjuicio estimado en millones de dólares.

En septiembre de 2025, el Ministerio Público presentó acusación contra jueces, exjueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranzas por presuntos hechos de prevaricato y falsificación de documentos públicos.

El Ministerio de la Defensa Pública registró, hasta julio de 2026, 1.791 causas judicializadas correspondientes a 493 personas, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, esto significa que una misma persona podía enfrentar varios procesos de cobro, incluso sobre obligaciones que ya habían sido canceladas.

En los allanamientos realizados durante la investigación, la Fiscalía incautó expedientes provenientes de cinco juzgados de Paz de Asunción: Recoleta, La Encarnación, San Roque, Catedral Primer Turno y Catedral Segundo Turno. En total, se individualizaron 2.546 expedientes en esos cinco juzgados.