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Proponen priorizar a trabajadores y ahorristas en el destino de bienes decomisados por delitos financieros

Un proyecto presentado en el Senado plantea la Ley de Administración de Bienes Incautados para poder destinar los recursos primero a cubrir créditos laborales y depósitos no recuperados. Su aplicación requeriría una decisión judicial firme sobre el comiso o la privación de beneficios.

Proponen priorizar a trabajadores y ahorristas en el destino de bienes decomisados por delitos financieros
Sofía CéspedesSofía CéspedesPERIODISTA10 de noviembre de 2026·

Un grupo de senadores presentó este miércoles un proyecto de ley que busca cambiar el destino de los bienes y recursos incautados en casos de fraude financiero. La iniciativa plantea que, cuando existan empresas financieras involucradas en delitos económicos, los fondos recuperados se utilicen prioritariamente para reparar el perjuicio causado a trabajadores y ahorristas, antes de que sean destinados al Estado.

La propuesta modifica la Ley N.º 5876/2017, de Administración de Bienes Incautados y Comisados, e incorpora un régimen especial para entidades financieras y empresas vinculadas. El planteamiento surge en el contexto de la crisis de ueno banky de los cuestionamientos sobre los recursos públicos y privados comprometidos en el caso.

En concreto, el proyecto establece un orden de prioridad para distribuir el dinero obtenido de los bienes decomisados. Primero se cubrirían los gastos necesarios para conservar y administrar esos activos; luego, los créditos laborales pendientes, incluidos salarios, aguinaldos e indemnizaciones.

En tercer lugar figuran los depósitos de personas físicas que no hayan sido cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos ni recuperados durante la resolución o liquidación de la entidad.

Después se atenderían los depósitos de empresas privadas y, finalmente, los créditos del sector público, incluidos los recursos que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) haya pagado y por los cuales tenga derecho a reclamar.

La iniciativa también establece que los accionistas, directores, administradores y otras personas vinculadas a la entidad o a las empresas relacionadas no podrán acceder a estos beneficios. Además, la distribución se realizaría a prorrata, es decir, de manera proporcional entre los beneficiarios de cada categoría, según los montos reconocidos.

El proyecto no habilita una devolución inmediata por el solo hecho de presentar una denuncia o incautar bienes. El régimen se aplicaría a bienes cuyo comiso o privación de beneficios haya sido declarado por resolución firme, es decir, cuando exista una decisión judicial definitiva. La propuesta deberá ser estudiada por el Congreso antes de convertirse en ley.