Gremios plantean llevar a arbitraje la disputa por el peaje de la Hidrovía
Representantes del sector naviero sostienen que Argentina aplica un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná sin cumplir con el procedimiento previsto en el tratado y cuestionan la falta de contraprestación y transparencia sobre los costos. Ante una disputa que lleva años sin resolverse, plantean avanzar hacia un arbitraje.

Los empresarios y gremios del sector naviero siguen considerando que el cobro de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná es una decisión unilateral tomada por Argentina. Actualmente, las embarcaciones paraguayas pagan una tarifa de USD 1,30 por tonelada neta.
En conversación con Agenda Legal, Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), explicó que uno de los cuestionamientos al pago del peaje es la falta de contraprestación, es decir, se paga por obras que prácticamente “son inexistente”.
“A nosotros nos sigue pareciendo extremadamente caro ese peaje y no vemos la contraprestación del servicio, que es lo que dice exactamente el artículo 5 del Tratado de la Hidrovía, que establece que ningún país puede imponer una tasa o un peaje unilateral sin contraprestación efectiva, sin un acuerdo multilateral en el CIH, que es la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía”, precisó Gunther a AL.
El punto en discusión, entonces, es que el cobro del peaje nunca fue revisado por el Tratado ni organismos de la Hidrovía. Por ello y para avanzar hacia una solución definitiva, desde Cafym y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), proponen activar el arbitraje.
Arbitraje
Gunther dijo que este mecanismo lleva su proceso y también tensiones políticas. Comentó que Paraguay ya había nombrado a sus árbitros, pero los demás países no lo hicieron. Por ende la etapa actual es la previa al inicio del arbitraje.
“Lo que se planteó es hacer un arbitraje pero desde el punto del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Es otro mecanismo que se puede activar y es válido que se llegue a esa instancia por la cantidad de años que viene pasando sin resolución efectiva de estas discusiones en torno al peaje”, manifestó.
También expuso que Bolivia y especialmente Brasil son los países que tienen mayor aporte de carga por la Hidrovía y que están en conversación con las autoridades y pares navieros de los vecinos, pero se espera un mayor empuje de Itamaraty (Cancillería de Brasil). “Tiene que haber una línea más directa del gobierno de Brasil participando del CIH”, indicó.
El Mercosur creó el TPR para buscar resolver recursos de revisión con los laudos de los tribunales Arbitrales Ad Hoc, y entre sus funciones, figura que pueden emitir opiniones consultivas y “actuación en única instancia en caso de controversias”, pero para ello se debe activar el proceso.
Falta de tecnicismo
De acuerdo a Gunther, la falta de consideraciones técnicas dentro del sistema de cobros es un problema. Mencionó que el Tratado de la Hidrovía tiene un organismo técnico, la Comisión del Acuerdo, donde debe evaluarse qué es lo que se debe hacer en el tramo de Santa Fe: “se debe analizar técnicamente si se va a balizar, dragar y base a qué normativas y niveles de referencia”, porque hacerlo sin previa verificación técnica y cobrar por ello, no cumple con las normas vigentes.
“Una vez que se alinea en la Comisión del Acuerdo la parte técnica, se eleva al CIH, que es el órgano político donde están todas las cancillerías, y ahí se aprueba. Todos los países dan su visto bueno para que el país proponente avance con ese peaje y esa concesión. Eso no se dio. No se dio y tampoco hubo claridad, hasta hoy, sobre los costos”, enfatizó.
Concesión
El gobierno argentino informó que hoy entró en vigencia la nueva concesión la Hidrovía Paraguay-Paraná, cuyas operaciones quedan a cargo del consorcio Vía Navegable Argentina que integran la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, por los próximos 25 años.
Al respecto, Bernd Gunther sostuvo que “es muy preocupante que nos veamos atados a un peaje unilateral, sin contraprestación o sin números transparentes de costos, por los siguientes 25 o 30 años. Ese es el núcleo de la discusión”.



