Cesión de derechos por deuda estatal: Capaco pide proteger el valor de los cobros de las constructoras

La cesión de derechos o factoraje puede ser una alternativa para que las constructoras obtengan liquidez frente a las obligaciones pendientes del Estado, pero la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) considera que el mecanismo debe diseñarse de modo que las empresas no terminen absorbiendo el costo financiero de cobrar por obras que ya ejecutaron.

Así lo señaló el presidente del gremio, José Luis Heisecke, en entrevista con Agenda Legal. La posición surge en un escenario de presión financiera para las empresas vinculadas a la obra pública.

Heisecke recordó que en marzo Capaco estimaba en USD 600 millones las obligaciones pendientes del Estado con empresas constructoras de distintas instituciones. De ese monto, unos USD 360 millones correspondían al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, aclaró que desde entonces se realizaron pagos, por lo que esas cifras no pueden tomarse como el saldo actual y deben ser actualizadas mediante una conciliación de certificados y desembolsos.

Para el gremio, el punto central no es solamente cuánto se adeuda, sino cómo se transforma esa deuda en liquidez para las empresas. La cesión de derechos permite que una empresa transfiera a un tercero el derecho a cobrar una obligación, generalmente a cambio de recibir dinero antes de la fecha prevista de pago. Sin embargo, esa operación tiene un costo financiero.

“Nuestra preocupación es que el costo financiero de cobrar una obligación del Estado termine recayendo sobre la empresa que ya ejecutó la obra”, explicó Heisecke. Por eso, Capaco está dispuesta a evaluar un esquema que permita obtener liquidez en un plazo razonable y que, al mismo tiempo, preserve el valor de lo que el Estado debe pagar.

El presidente del gremio señaló que la experiencia del sector farmacéutico puede servir como referencia, aunque remarcó que las características de los contratos de construcción requieren un análisis particular. Para Capaco, la prioridad continúa siendo que el Estado cumpla oportunamente con sus compromisos, en lugar de trasladar a las empresas el costo de financiar el atraso.

La situación también impacta sobre la capacidad operativa del sector. Heisecke sostuvo que las constructoras tienen capacidad para continuar trabajando y generando empleo, pero aquellas vinculadas a la obra pública enfrentan una fuerte presión financiera por los retrasos en los pagos. Esta situación dificulta mantener el ritmo de ejecución, planificar nuevas obras y asumir compromisos adicionales.

Presupuesto 2027

Al consultar al presidente del gremio sobre cómo ve el presupuesto 2027 para el MOPC (USD 1.437 millones) consideró importante que la programación contemple los compromisos de las obras que ya están en ejecución y permita mantener la inversión pública.

Pero además de que existan recursos presupuestados, Heisecke remarcó que será fundamental que esos fondos tengan una ejecución sostenida y se traduzcan en pagos oportunos. La preocupación, por tanto, no se limita a la deuda acumulada.

Para las constructoras, la previsibilidad del flujo de pagos es determinante para planificar costos, mantener obras en marcha y asumir nuevos proyectos. En esa lógica, la cesión de derechos puede funcionar como una herramienta de financiamiento, pero Capaco plantea que no debería convertirse en la vía mediante la cual el sector privado absorba el costo generado por la demora estatal.

Finalmente, el gremio valoró los pagos realizados hasta ahora y la disposición al diálogo de las autoridades, pero espera que ese proceso derive en un cronograma de pagos previsible.