Caso ATOME: experto distingue el reclamo contra el Estado de la disputa contractual con ANDE
El aviso presentado por la empresa abre una etapa de consultas previa a un eventual arbitraje internacional. En paralelo, las diferencias sobre el suministro eléctrico deben analizarse según los acuerdos firmados con ANDE, explica el especialista Victorio Oxilia.
La controversia entre ATOME, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Estado paraguayo tiene dos vías diferentes, según explicó el experto en asuntos energéticos, Victorio Oxilia a Agenda Legal.
Por un lado, está el procedimiento iniciado por ATOME al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Reino Unido, que podría derivar en un arbitraje internacional. Por otro, existe una discusión contractual entre la empresa y ANDE, vinculada a los acuerdos de suministro de energía y sus sucesivas adendas.
En el primer caso, Oxilia explicó que el tratado, vigente desde la década de 1990, establece mecanismos de protección recíproca de inversiones y permite recurrir eventualmente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta vía no depende directamente de los contratos firmados con ANDE, sino de las obligaciones asumidas por el Estado frente a las inversiones extranjeras.
El experto señaló que uno de los elementos que podría entrar en discusión son las expectativas legítimas del inversor. ATOME habría tomado decisiones de inversión y movilizado financiamiento internacional sobre la base de señales y actos adoptados por el Gobierno paraguayo.
En ese sentido, considera que la empresa ya está cumpliendo los pasos previstos para llegar eventualmente a esa instancia, al haber presentado el aviso previo contemplado en el tratado. Esto no significa que el arbitraje haya comenzado. Antes existe un período para que ATOME y el Estado paraguayo intenten alcanzar un acuerdo. Si no lo consiguen, la controversia podría avanzar hacia esa instancia internacional.
El segundo frente es diferente. Se trata de la relación contractual entre ATOME y ANDE, que debe analizarse a partir de los acuerdos suscritos entre ambas partes y las adendas incorporadas posteriormente. Oxilia indicó que esta discusión corresponde al ámbito interno y se resolvería conforme a lo establecido en esos documentos.
Entre las condiciones contractuales mencionó que ATOME tendría hasta el 30 de septiembre de cada año para comunicar a ANDE si utilizará durante el año siguiente la potencia comprometida. Este mecanismo y cualquier diferencia sobre su aplicación pertenecen, según explicó, a un plano distinto del eventual reclamo internacional contra el Estado.
El efecto sobre las inversiones
Para Oxilia, la forma en que se modificaron las condiciones energéticas también genera un problema de previsibilidad. Consideró que hubo una sucesión de decisiones e incertidumbres que encendieron alertas en el sector, entre ellas la emisión de decretos antes de contar con claridad sobre los costos futuros de generación.
La tarifa actual de Itaipú está vigente hasta diciembre, mientras que todavía no está definida la tarifa para 2027 y los años siguientes ni se conocen con precisión los costos incrementales de nuevas tecnologías. Esto, sostuvo, genera una percepción de riesgo justo cuando aumenta la preocupación por la capacidad de abastecimiento eléctrico del país.
En ese escenario, los cambios sucesivos en los decretos no transmitieron una señal de estabilidad y consistencia temporal de las políticas energéticas para la inversión internacional.
El impacto puede ser mayor por la dimensión del proyecto de ATOME, cercano a USD 700 millones, y porque la empresa ya habría conseguido comprometer su financiamiento. Oxilia señaló que el acceso al financiamiento constituye una de las principales barreras para los grandes proyectos industriales y advirtió que una controversia posterior puede afectar la percepción de Paraguay entre inversores internacionales.
Para el experto, el caso no se limita entonces a la relación entre ATOME y ANDE, sino que también pone en discusión cómo los cambios en las condiciones energéticas pueden afectar la previsibilidad que requieren las inversiones de largo plazo.