Apertura del mercado energético al sector privado: ¿qué desafíos hay para concretar inversiones?

La Ley 7599/2025 establece un nuevo marco para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas. Esta norma busca diversificar la matriz energética paraguaya y permitir una mayor participación del sector privado en la generación, comercialización y utilización de electricidad.

La reglamentación mediante el Decreto 6034/2026 llevó a la ley a una etapa más operativa, al establecer reglas para licencias, contratos, acceso a las redes, precios de referencia y participación de generadores privados.

El esquema contempla distintas modalidades. Un consumidor puede generar su propia energía y vender excedentes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); un productor independiente puede vender a la empresa estatal, a distribuidoras privadas o a grandes consumidores, mientras que también se establecen mecanismos para utilizar la red de ANDE mediante contratos de transporte.

La normativa contempla fuentes como solar, eólica, biomasa y otras tecnologías no hidráulicas, además de almacenamiento.

El cambio jurídico abre una posibilidad que hasta ahora tenía un desarrollo limitado: que nuevas inversiones privadas ingresen directamente a la generación eléctrica. Sin embargo, Victorio Oxilia, experto en asuntos energéticos, explicó a Agenda Legal que la existencia de la ley no garantiza por sí sola que estos proyectos lleguen.

Según el experto, la Ley 7599 y su decreto reglamentario constituyen un marco “general y básico”, pero todavía quedan cuestiones institucionales que deben resolverse para dar seguridad a los inversores.

Victorio Oxilia, experto en asuntos energéticos

Entre las principales interrogantes menciona quién establecerá las tarifas de referencia, cómo se garantizará un trato justo y no discriminatorio entre empresas privadas y la ANDE, quién administrará la información del mercado eléctrico y bajo qué criterios se decidirá el despacho de la energía de los distintos agentes.

Para Oxilia, estas cuestiones pueden convertirse en un factor de incertidumbre para inversiones que necesitan reglas previsibles durante períodos prolongados. Por eso plantea la necesidad de un órgano regulador independiente, técnico y separado de las decisiones políticas y de las empresas que participan del mercado.

El segundo desafío está en la infraestructura. El especialista señala que Paraguay necesita inversiones simultáneas en generación, transmisión y distribución. Estima que las necesidades del sistema se encuentran entre USD 1.000 millones y USD 1.500 millones por año, mientras que la capacidad de inversión actual de la ANDE ronda como máximo los USD 350 millones anuales.

A esto se agregan las pérdidas técnicas y comerciales del sistema. Para Oxilia, la energía que no llega a ser facturada representa también un recurso económico que Paraguay está dejando de aprovechar.

Por eso, sostiene que el problema no consiste únicamente en construir nuevas centrales. “Nuestro país debe aumentar la generación, fortalecer las redes, reducir pérdidas y encontrar mecanismos de financiamiento de largo plazo”, enfatizó.

Una demanda que obliga a planificar

Oxilia considera que Paraguay todavía está buscando cómo enfrentar el crecimiento de la demanda eléctrica y que el problema combina financiamiento e institucionalidad. Entre las medidas necesarias menciona políticas de eficiencia energética, el fortalecimiento financiero de la ANDE y una reforma institucional capaz de atraer capital privado.

También considera relevantes las propuestas para crear un Ministerio de Energía y un ente regulador independiente, al entender que la expansión del sistema requiere decisiones de corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), el ministro, Jorge Andrés Molina Insfrán, plantea que la energía nuclear también podría formar parte de la discusión sobre la futura matriz energética.

En conversación con Agenda Legal, Molina dijo que actualmente no está definido qué peso tendrá cada tecnología en la matriz y que el mercado podría terminar determinando parte de esa composición a través de las inversiones.

En materia nuclear, señaló que se trabaja en un proyecto de ley para permitir que empresas privadas puedan generar electricidad mediante pequeños reactores modulares, destinada inicialmente a su propio consumo, con posibilidad de vender excedentes a la ANDE u otros compradores.

El planteamiento adquiere relevancia por las proyecciones de demanda. De acuerdo con los estudios del IPPSE citados por Molina, si el consumo mantiene un crecimiento cercano al 8 % anual, desde 2031 Paraguay necesitaría incorporar al menos 600 MW de potencia por año.

El cuadro presentado por la ARRN proyecta que el excedente de generación se reduciría progresivamente hasta convertirse en déficit desde 2031. Para 2035, estima una demanda máxima de 11.399 MW, frente a una potencia disponible de 7.813 MW, con un déficit de 3.586 MW.

Molina utilizó el concepto de potencia firme para comparar tecnologías. Señaló que un reactor nuclear puede tener un factor de planta promedio cercano al 93 %, frente a aproximadamente 25 % para la solar en el escenario utilizado en su análisis.

Bajo ese supuesto, para entregar efectivamente 600 MW mediante generación solar sería necesario instalar unos 2.400 MW de capacidad, además de considerar almacenamiento e intermitencia.

Su conclusión es que, bajo ese escenario de crecimiento, Paraguay deberá incorporar grandes volúmenes de nueva potencia y que la energía nuclear debería ser considerada dentro de las alternativas futuras. Incluso compara los 600 MW anuales proyectados con una turbina de Itaipú, cuya potencia firme se sitúa en unos 700 MW.

Así, la Ley 7599 abre una nueva etapa para la generación privada y la diversificación energética, pero deja planteada un tema principal, cómo transformar la posibilidad legal de generar electricidad en inversiones concretas, con financiamiento, infraestructura y reglas previsibles.